El gobierno y las autoridades políticas deben ser capaces de dar cumplimiento al estado de derecho y sujetarse fielmente al ordenamiento jurídico vigente. Por ello, el Estado debe responsabilizarse por el incumplimiento de las leyes de seguridad social y previsional que afectaron a miles de hombres que, cumpliendo con su deber cívico de servir a la patria como soldados conscriptos entre los años 1973 y 1990, vieron severamente perjudicados sus ahorros previsionales para una vejez digna.
Existe un proyecto de acuerdo en el que los diputados reconocen esta situación y le exigen a la Presidenta de la República que envíe una iniciativa legal que contemple una reparación de los perjuicios y daños ocasionados hacia los ex soldados conscriptos. Se hace imprescindible, entonces, que las autoridades de gobierno y los candidatos presidenciales manifiesten cuál será su voluntad política en torno a este tema, para darle una real y efectiva solución a este problema.
Sebastián Muñoz San Martín
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