¿Cómo limitar el daño? Bachelet, ministros, parlamentarios, saurios diversos, periodistas y opinólogos sudan intentando mostrar que la ola de corrupción no es sino traspiés sin mayores consecuencias. Luis Casado no está de acuerdo y lo dice.

La incubadora Escribe Luis Casado Un conocido opinólogo de la plaza, investido del aura de su calidad de “académico”, criticó de ruda manera a Bachelet por referirse al tema de la corrupción usando la forma plural en vez del singular que a sus ojos convenía. Citando a Simone de Beauvoir (?), el mencionado opinólogo sostiene que diluir la responsabilidad en el “nosotros” termina por transformar a todo el mundo en corrupto, y si todos somos corruptos, en realidad nadie lo es. Tal sofisma suele ser utilizado en política, la cosa no tiene ni siquiera el mérito de la innovación. Es verdad que los políticos suelen esquivar una responsabilidad personal escudándose en una responsabilidad colectiva, lo que tiene el mérito de desleír la suya propia, apoyándose en esa conocida argucia que pretende que “Millones de moscas comen mierda… y tantas moscas no pueden estar todas equivocadas”. Pero al olvidar las razones que produjeron esta ola de corrupción, la antigüedad del fenómeno, y su concentración en el sector de la población que detenta el poder real, político, económico y financiero, se corre el riesgo de caer en el exceso contrario: pretender que la corrupción, el tráfico de influencias, el fraude fiscal, el soborno, el cohecho, la incuria y la concusión son un fenómeno acotado, limitado a media docena de malhechores que, una vez severamente castigados, nos permitirían regresar a una beata normalidad, aquí no ha pasado nada, sigamos como antes visto que las instituciones funcionan. Es lo que pretende el Ejecutivo, Bachelet an der spitze, imitado en ello por algunos de los parlamentarios menos frecuentables en materia de financiamientos dudosos, para no hablar de Lagos, Viera-Gallo, Insulza… Desafortunadamente, si vivir en un entorno aséptico puede ser asimilado a una quimera, no es menos cierto que determinadas estructuras institucionales constituyen una suerte de incubadora de la corrupción en todas sus formas. Chile tiene el dudoso privilegio de contar con una de las más perfeccionadas: único país de la historia en conservar una Constitución pergeñada en dictadura al regresar a un ersatz de democracia, durante 25 años hemos asistido impertérritos al perfeccionamiento de esa perversión por parte del duopolio Alianza-Concertación (NM) que –sin discontinuar– ha compartido cama, poder y macarrones. La estafa constitucional de 1989 no fue sino el preámbulo a un sinfín de maquillajes que no hicieron sino empeorar el esperpento. Para convencerse, basta con leer las declaraciones de José Miguel Insulza, uno de los genitores de la estafa, corcho cuya existencia parece signada por la frase latina fluctuat nec mergitur. Insulza afirma –y ya eso bastaría para adoptar la posición contraria– que no tiene ningún objeto cambiar la Constitución, justo antes de asegurar que él apoya “todas las reformas impulsadas por Bachelet”, entre las cuales se cuenta justamente el cambio de la Carta Magna impuesta en dictadura. Doble lenguaje, doble discurso, todo y su contrario, sobre todo lo contrario, Insulza parece un personaje de Borges, que siempre son dobles, y en los cuales el verdadero siempre es el otro. Si uno les escucha, ninguno de los saurios que han vivido al amparo del monstruoso sistema que les sirve de incubadora “busca el poder”. Hace por lo menos tres décadas –y no menos de cuatro y hasta cinco para unos cuantos– que frecuentan La Moneda y/o el Congreso (alguna vez los cuarteles…), pero lo suyo va sólo de “servicio público”. Servicio público remunerado, como ha quedado en evidencia, dos o tres veces –sino más– cuando se cuentan las sinecuras legales (no digo legítimas, digo legales) y las ilegales, indebidas, ilícitas, deshonestas, ilegítimas, inmorales y derechamente delictuales. ¿Todo ello el producto de algún descuido ético, como osó afirmar Bachelet? ¿O simplemente el resultado de la codicia excesiva de media docena de empresarios mal inspirados como sugiere el opinólogo? Ricardo Escobar (ex director del SII) afirma: “Los casos de financiamiento a la política no son delitos tributarios”, y lo peor es que lleva razón. Los legisladores legislaron para los legisladores, para el Ejecutivo, para las empresarios que los financian. ¿Cómo podría ser delito? Lo mejor de todo: la distribución políticamente panorámica de dineros sustraídos el Fisco… desgrava impuestos. ¿Dónde consigues un Parlamento como este? De modo que, lamentando contrariar al señor académico citador de Simone de Beauvoir (ya me gustaría saber de dónde sacó la pretendida cita), afirmo que el modelo productivo impuesto en Chile con los fusiles apuntando a la cabeza, y conservado y perfeccionado luego por el cogobierno Alianza-Concertación (NM) es intrínsecamente perverso, una verdadera incubadora de la corrupción, del tráfico de influencias, del fraude fiscal, del soborno, del cohecho, de la incuria y la concusión. Castigar a media docena de cabezas de turco y a tres o cuatro testaferros no resuelve. Menos aún cuando la “puerta giratoria” parece volver a funcionar que es un primor. De lo que se trata es de terminar con la incubadora.

Juan Fernando Mellado Galaz

Ex Conscripto 1973

Escuela de Telecomunicaciones

Ingeniero en Administración de Empresas

Asesorías Tributarias Previsionales

Presidente Nacional Corporación para la
Integración de los Derechos Humanos 
del Servicio Militar Obligatorio

Email: agrupacion.exconscriptos.chile@gmail.com