VI CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTRAS, MINISTROS Y ALTOS REPRESENTANTES DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
Derechos humanos, seguridad y los niños, niñas y adolescentes de América Latina
Presentación del Representante para América Latina y el Caribe
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Roberto Garretón
Ser niño, niña o adolescente, en América Latina es difícil.
Significa pertenecer a la región menos equitativa del mundo, donde el 20% de los más ricos obtienen el 60% de la riqueza generada y los 40% más pobres, apenas el 10%.
Significa haber nacido en una región donde en promedio se gasta menos del 20% de los presupuestos nacionales en salud y educación y más del 35% de las exportaciones nacionales en servicio de la deuda.
No deben sorprender, entonces, las estadísticas que nos dicen que un niño de cada diez nace con bajo peso, o llega a adulto sin saber leer o escribir, y que dos ya estén trabajando a corta edad.
Esa realidad la vemos cada día en los niños de las calles de nuestras principales ciudades, limpiando vidrios, vendiendo chicles, o haciendo gracias.
Pero ser niño, niña o adolescente en América Latina es hoy peor que antes.
Hasta hace algunos años, el drama era que los discriminábamos,
los excluíamos y los ignorábamos. Les desconocíamos su dignidad esencial.
Hoy los vemos como una amenaza a nuestra seguridad, casi como un enemigo, pasando a ser blanco fácil de discursos y prácticas que erróneamente buscan combatir la inseguridad pública desconociendo los derechos humanos de los más vulnerables.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, señora Louise Arbour ha levantado su voz y su autoridad moral señalando la inconsistencia de esas políticas con las obligaciones asumidas por los Estados en los tratados de derechos humanos que éstos han asumido y se han obligado a respetar.
Peor aún si el niño es indígena o descendiente de esclavos.
Y peor aún si se les asocia a los polillas, maras, bandas, pandillas, o como se las quiera llamar.
Pero no se piensa si esos niños, solos o unidos en maras, son, en
realidad, las víctimas de la inseguridad.
Es verdad que el tema de la seguridad está hoy en el centro de los debates políticos tanto en lo interno como en lo internacional.
Las personas y los pueblos reclaman seguridad.
Todos los golpes y dictaduras militares que hemos sufrido los latinoamericanos se han pretendido justificar en razones de seguridad.
Pero nunca vivimos más inseguros que en las dictaduras y sus doctrinas de seguridad nacional, y sus recursos a medidas de fuerza, algunas revestidas de un simulacro de legalidad formal, otras, sin concesión alguna a la decencia: los estados de excepción; el recurso a tribunales militares para juzgar civiles, incluidos niños; servicios llamados de “seguridad”; campos de concentración conocidos o clandestinos; con total impunidad, etc.
Pero, dramáticamente, también en democracia hay resabios de autoritarismo que nos hablan de “mano dura”, “tolerancia cero”, “gatillo fácil”, “guerra a las drogas”, “guerra contra el terrorismo”, y con ellos vienen las propuestas de aumento de presupuestos policiales y militares; de aumento de penas; de tratamiento judicial de los niños como si fueran mayores; de rebaja de la edad de la
imputabilidad penal; de contemplar la privación de libertad, no como el último, sino como el primero –y a veces el único- recurso de castigo; de permitir la detención de sospechosos sin cargos bajo acusaciones de participar en desórdenes públicos, e, incluso de encarcelarlos por motivos de protección del propio niño.
Se suele demandar la reedición de la pena de muerte.
Y no faltan los que justifican la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las políticas de “limpieza social”.
El concepto de “seguridad ciudadana”, legítimo en principio, se invoca para justificar políticas ética y jurídicamente insostenibles.
Muchas de estas propuestas son flagrantemente contrarias a los tratados de derechos humanos que los Estados se han soberanamente comprometido a respetar, y a las propias Constituciones nacionales y así lo ha declarado reiteradamente el Comité de los Derechos del Niño .
No se trata sólo de propuestas: en nuestra región también hay hechos: detenciones abusivas y palizas, violaciones sexuales y atentados contra la vida.
Centenares de niños y adolescentes mueren ejecutados extrajudicialmente a manos de agentes policiales o de “escuadrones de la muerte” o “grupos de auto-defensa” .
Iniciativas oficiales para poner fin a estos asesinatos son ampliamente publicitadas en muchos países, pero pocos son los responsables que comparecen ante los tribunales.
Así lo han establecido el mismo Comité y la Relatora sobre Ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias.
Ciertamente, las maras y pandillas son causantes de inseguridad.
Lo que cabe discutir si la vía de garantizar la seguridad son los resabios de los autoritarismos.
Las Naciones Unidas han elaborado un concepto nuevo de seguridad, la seguridad humana.
En 2003 fue publicado el excelente informe “La Seguridad Humana Ahora”, elaborado por una Comisión de altísimo nivel nombrada por el Secretario General, y de la que formó parte la digna hija del país que hoy nos acoge, Sonia Picado.
El informe destaca que “las demandas de seguridad humana involucran una amplia gama de cuestiones interconectadas.
En su labor la Comisión se ha concentrado en cierto número de conexiones diferentes pero interrelacionadas derivadas de los conflictos y la pobreza, en la protección de las personas durante conflictos violentos y en situaciones posteriores a los conflictos, en la defensa de las personas que se ven obligadas a desplazarse, en la superación de inseguridades económicas, en la garantía de la disponibilidad y asequibilidad de la atención médica esencial, en la lucha contra el analfabetismo y contra la miseria educativa, y en la eliminación de las escuelas que promueven la intolerancia”.
Sergio Vieira de Mello –nuestro asesinado Alto Comisionado para los Derechos Humanos- escribió que “las violaciones graves a los derechos humanos constituyen a menudo el núcleo de la inseguridad interna e internacional”, para luego lamentarse de nuestra “incapacidad de comprender la amenaza para la seguridad que suponen las violaciones graves de los derechos humanos y la
incapacidad de lograr consensos prácticos a la hora de actuar contra la amenaza”.
No obstante esta nueva conciencia de lo obvio, creo que falta un paso más que dar.
Creo que la solución llegará cuando estudiemos el fenómeno de la inseguridad y adoptemos las políticas pertinentes con “enfoque (o
perspectiva”) de derechos humanos y busquemos hacer realidad el derecho humano a la seguridad.
Esto no debiera ser una novedad, si la propia Declaración Universal proclamó “que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo
en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias” así como consideró “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
El derecho humano a la seguridad está consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal y 1 de la Declaración Americana junto a la vida y la libertad; y en los artículo 9 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención Americana, en ambos casos ligado sólo a la libertad.
El derecho a la seguridad consiste en la certeza del goce de todos los derechos humanos, y en este sentido es un derecho integrador de todos los demás.
Mientras el ciudadano no sienta asegurado sus derechos a no ser discriminado; a no ser torturado; a no ser encarcelado arbitrariamente, a no ser víctima de delitos; a que va a comer esta noche, y sus hijos serán educados gratuitamente, y tendrán atención de salud, va a buscar esa seguridad recurriendo al delito, con lo que va a comprometer la seguridad de todos los demás.
O va a buscar alivio en la droga. O será impulsado a la rebelión.
El derecho humano a la seguridad pertenece, desde luego, al inocente, cuya integridad y libertad no pueden vulnerarse por el Estado y que debe tener la conciencia que el obrar recto no puede significarle vulneración de sus derechos a su integridad; a ser tratado con el respeto debido a su dignidad; a no sufrir apremios ni torturas; a que se investiguen y se sancionen las transgresiones a estos derechos y a una justa reparación.
Pertenece al delincuente, que tiene derecho a ser castigado sólo con la pena señalada en la ley, pero con ninguna otra sanción, como la tortura;
Pertenece a la víctima, que vio su derecho violado por obra de un delincuente, y que exige su derecho a justicia y a una reparación justa, pero no a venganza;
Pertenece al niño, que debe nacer con la certeza que el Estado del que es parte cumplirá con sus obligaciones frente a la comunidad internacional y a su propio pueblo de adoptar todas las medidas hasta el máximo de los recursos de que se disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos a la alimentación, educación, vivienda y salud , para no verse compelido a recurrir al delito para vivir.
Y que debe contar que todas las políticas públicas considerarán entre sus objetivos el interés superior del niño, como lo reclama la Convención de los Derechos del Niño; y que –si llega a delinquir- tendrá el derecho humano a la rehabilitación y a la reintegración.
Pertenece a la sociedad que no puede desarrollarse sin la conciencia de todos y de cada de sus miembros que es posible construir un mundo mejor en que todos los derechos de todos están garantizados.
Pertenece a la mujer, que debe tener la certeza que construye un hogar y se desarrolla profesionalmente en igualdad de derechos con su pareja.
Pertenece al indígena y al afrodescendiente, que requiere la certeza de un tratamiento igualitario y en condiciones de dignidad como todo miembro de la familia humana, etc.
Lo importante es que si la seguridad es un derecho humano, como lo es, es exigible, y el obligado es el Estado, que debe satisfacerlo por medio de la ley y el respeto de todos los derechos humanos de todos.
No puede garantizarse la seguridad de unos con la inseguridad de otros.
El niño que a esta hora está naciendo, debe ver la luz con la certeza que el Estado adoptará todas las medidas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para no alentarlo nunca a convertirse en ofensor del derecho a la seguridad de los demás.
“Mano Dura”, si, pero con la miseria que ahoga a la mayoría de nuestros niños, niñas y adolescentes.
“Tolerancia Cero” si, pero contra sus explotadores.
“Gatillo Fácil”, también, para las iniciativas y malas prácticas que buscan reducir sus derechos.
“Guerra contra las drogas” en la que nuestros niños, niñas y adolescentes buscan la esperanza de seguridad que no somos capaces de darles.
“Lucha contra el terrorismo” de los escuadrones y grupos de autodefensa que busca su eliminación en nombre de nuestra incapacidad de dar soluciones fundadas en la justicia y el derecho.
Aliento a las altas autoridades participantes en esta VI Conferencia a enfocar los problemas de la protección integral de la niñez y la adolescencia iberoamericana, con una perspectiva de derechos humanos, única base sólida y de valor universal.
Juan Fernando Mellado Galaz
Ex Conscripto 1973
Escuela de Telecomunicaciones
Ingeniero en Administración de Empresas
Asesor Tributario Previsional
Presidente Nacional
Presidente Agrupación Santiago
Agrupación Nacional de Ex Soldados Conscriptos
del Servicio Militar Obligatorio (SMO) período 1973-1990
Email: agrupacion.exconscriptos.chile@gmail.com
09-332-5058
